Cuotas

Cientos de millones de mujeres en el mundo viven en situaciones de discriminación legal, sojuzgadas y sometidas al imperio arbitrario de padres, hermanos o maridos y a unas tradiciones religiosas y sociales que las esclavizan, impidiéndoles disfrutar de los mismos derechos que los varones.

Afortunadamente, esa situación es desconocida en las democracias occidentales desde hace mucho tiempo. Los ordenamientos jurídicos de todos los países avanzados reconocen la igualdad de derechos de hombre y mujer ante cualquier situación vital y a lo largo de toda su existencia. Las excepciones a la norma son en realidad poco significativas. Así, en la Constitución española de 1978 se reconocen dos situaciones de desigualdad legal, una de las cuales aún persiste, pero afecta solamente a una familia: es la prelación del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. La otra ha sido ya abolida en la práctica, al desaparecer el servicio militar obligatorio, que tenían que prestar sólo los hombres.

Pese a esta igualdad ante el Derecho, sin vuelta atrás posible, persisten en nuestra civilización situaciones en las que los roles sexistas están tan asumidos, tan fijados en las relaciones y los comportamientos sociales que en determinados ámbitos conducen a discriminaciones prácticas y reales por causa de sexo. Resulta evidente que la generalización de determinadas prácticas se toma su tiempo en asentarse en todos los espacios de relación social. Hay quienes consideran que la mejor forma de acelerar estos procesos es la de empujar empleando una legislación discriminatoria. Discriminación positiva, le llaman. Y consiste en que, ya que hay mujeres que en determinados ámbitos son discriminadas, favorezcamos a todas las mujeres en todos los ámbitos. Así convertiremos antes la igualdad legal en igualdad social, efectiva y real. Pretensión excesiva y procedimiento bastardo, que actúa como un ariete contra el propio estado de derecho que lo desarrolla. Si todo el mundo (hombres y mujeres, musulmanes y católicos, pelirrojos y morenos, médicos y albañiles...) es igual ante la ley, combátanse desde la ley las injusticias y las discriminaciones que afectan individualmente a los sujetos y no sean favorecidos determinados colectivos con la excusa de mejorar sus posibilidades individuales.

Entre quienes defienden la discriminación positiva en favor de las mujeres, los hay que estiman que, ya que tradicionalmente las mujeres se han encargado en menor medida de labores políticas y de gobierno, lo ideal sería favorecerlas para que los puestos de responsabilidad pública estén ocupados paritariamente por hombres y mujeres, y hasta proponen fijar estas cuotas por ley. El actual gobierno socialista es un buen ejemplo, al estar formado por ocho hombres y ocho mujeres (aunque no resulta conveniente precipitarse; habrá que esperar a que el próximo candidato socialista a la presidencia del Gobierno sea una mujer: sólo así la aplicación maximalista de su principio de discriminación positiva paritaria será creíble). La pregunta es si los gobernados ganamos algo con esta situación. Parece que no, y que en una meritocracia, como en la que supuestamente vivimos, el acceso a los puestos públicos debe estar condicionado al mérito del aspirante y no a su sexo.

Deberían de ser las propias ministras las primeras interesadas en abonar la idea de que forman parte del Gobierno por su formación, su capacidad y su eficacia como gestoras y no por el hecho, irrelevante para la gobernación de la República, de la naturaleza de sus cromosomas sexuales. Pero parece, a tenor de la sesión de fotos conjunta que han concedido a una revista de moda, que esa, la de la igualdad entre hombres y mujeres, es cuestión que no les importa demasiado. “Aparecemos juntas porque somos las mujeres del Gobierno”. Curiosa forma de decir: “Somos cuota”.



Ministras