El canon

La creación artística (entendida en sentido laxo, es decir, igualando a Bergman con Amenábar, a Kundera con Rosa Regás y a Sciarrino con Miguel Bosé) está, por norma, sobrevalorada en Occidente. A los productores de obras de arte (in extenso) se los considera sujetos extraordinarios, una especie de prolongación de los brujos paleolíticos, cuya función es clave para apaciguar a la divinidad y mantener la cohesión y la seguridad de la tribu. Por eso se dictan a su favor leyes de excepción y se protege su tarea como si de ella dependiera la supervivencia no ya del clan, sino incluso de la raza humana. Pero la obra de arte (su producción y su disfrute) es sólo una forma de participación social entre otras posibles (el deporte, los cafés, las ermitas, los chiringuitos de playa y los parques públicos cumplen idéntica función) y su tratamiento como cosa excepcional debería depender de la excepcionalidad de la cosa, es decir, protejamos a Barceló pero dejemos que Cattelan mueva sus piedras y sus poleas él solito.

Habida cuenta de que la distinción de lo excepcional se rige por criterios de difícil objetividad (habrá incluso quien considere un genio a Cattelan), las normas protectoras de la actividad artística deberían limitarse considerablemente en número y huir radicalmente de las generalizaciones, que alcanzarían indiscriminada e inevitablemente a un número proporcionalmente elevadísimo de mediocres (la campana de Gauss no engaña), provocando para la sociedad una dudosamente aceptable relación coste/beneficio. Esto es, menos leyes generales y más actuaciones en pro de la excelencia artística social e históricamente asentada. Si el mercado es válido para las lechugas, los utilitarios y las botas de fútbol, por qué no habría de serlo para las películas en vascuence, la poesía fonética y los cuartetos de cuerda.

Llama poderosamente la atención cómo en los últimos años la socialdemocracia europea ha iniciado un progresivo abandono del mundo de lo real y sus implicaciones morales para refugiarse en la imposición ideal de normas pretendidamente igualadoras que supuestamente habrán de traernos un futuro de paz, concordia e igualdad eterna e infinita. Toda la política discriminatoria (eufemísticamente calificada de positiva) pergeñada por los gobiernos occidentales (no sólo socialdemócratas, cierto, aunque éstos se han lanzado sobre ella con mayor entusiasmo, verbigracia, Zapatero and company) responde a esos criterios, como el apaciguamiento con el terrorismo islamista, liderado igualmente por el presidente Rodríguez, o la incomprensión absoluta sobre algo tan real y tan elemental como las consecuencias del progreso tecnológico.

Aceptemos como normal que las sociedades de autores quieran obtener el máximo beneficio para sus asociados y rastreen hasta el códice de Hammurabi en busca de argumentos jurídicos y morales que avalen sus pretensiones, pero que el Gobierno les conceda prácticamente todo lo que piden resulta desde luego inconcebible. Los sucesivos impuestos con los que se gravan soportes de registros de datos informáticos, programas de software y equipos y las restricciones legales al uso de los avances tecnológicos –so pretexto siempre de la defensa de la propiedad intelectual y la supervivencia de la actividad artística–, son la expresión más cruda de esta realidad. El blindaje que pretenden los creadores (¡oh, los creadores!) en el arcádico mundo de control absoluto de su producción es incompatible con los tiempos modernos. La informática y sus aledaños están ejerciendo de tecnologías disruptivas (y perdón por el palabro, pero lo leí el otro día y me gustó, suena recio) como ha habido muchas a lo largo de la historia de la Humanidad, acabando con oficios y costumbres y dando lugar a otros nuevas. ¿Se imaginan que los amanuenses hubieran exigido el pago de un canon por cada imprenta que se instalara a finales del siglo XV? ¿O que los arrieros hubieran hecho lo mismo por cada camión que se vendía?

Hasta hace bien poco producir un disco o un libro era algo muy caro, que quedaba lejos del alcance del consumidor medio, y su copia resultaba también más que problemática. Hoy la producción no resulta especialmente onerosa, hasta el punto de que cualquiera puede hacer en su casa un libro o un disco con medios muy modestos, y los sistemas de copia permiten réplicas si no siempre exactas más que satisfactorias para la mayoría de los interesados y a precios que rozan en ocasiones la gratuidad. ¿Por qué habrían los consumidores de renunciar a esas ventajas que les proporciona el avance tecnológico en función de un más que dudoso derecho de propiedad intelectual? La propiedad intelectual está ya, a mi modo de ver, sobreprotegida (¿cuánto tardarán los avispados alcaldes en cobrarnos un canon por fotografiar los monumentos de sus respectivas ciudades?, ¿podremos colgar estas fotos en internet?, ¿se creará en el futuro una policía que haga registros aleatorios de las casas en busca de copias prohibidas?) y los creadores (¡oh, los creadores!) lo que tienen que hacer es adaptarse a la realidad del tiempo que les ha tocado vivir, aunque eso a mí personalmente me perjudique (y mucho, pero me aguanto) y dejar de llorar como plañideras, tratando de poner puertas al campo y alargar en el tiempo una situación insostenible. Los autores ya cobran (sin reparos y sin remilgos) por la exhibición pública de sus obras hasta límites que rozan lo abusivo. Por ejemplo, si usted tiene un comercio y se lleva una radio a la trastienda para distraerse mientras no hay público, le cobran un canon por tener un medio de difusión de música en lugar público (y eso aunque a usted no le guste la música y escuche todo el rato programas informativos). Puestos en esta tesitura, puede que llegue el tiempo en que seamos los consumidores los que nos unamos para exigir a los autores un canon por la saturación acústica de nuestro espacio vital. Que vamos a un supermercado y tienen puesto los 40 Principales, sacamos nuestra tarjetita de consumidor antirruido y canon al canto; que nos subimos a un taxi y el taxista viaja con Kiss Fm a toda mecha, canon; que en el bar hay una tele encendida, tarjetita y canon (¿no paga el dueño del bar por poner el televisor, por qué no íbamos a cobrar nosotros, que odiamos la tele?); que el dentista nos atribula con una dosis excesiva de Richard Clayderman, canon doble, y así... A ver quién resistía más.