miércoles, 27 de abril de 2005

Conciencias

El espectáculo que el PP y sus medios afines están dando a cuenta de la ley recién aprobada en el Parlamento que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo resulta en verdad sorprendente y desalentador. Inducidos por los obispos y la prensa conservadora, dirigentes populares de todo rango y condición tratan de convertir el trámite legal de las bodas en un problema de conciencia, hasta el punto de que un número indeterminado de alcaldes y otros cargos públicos del partido afirman que se negarán a casar a parejas de homosexuales, ya que estas bodas van contra sus principios.

Se trata, de forma evidente, de un abuso de la clásula de conciencia, que la ley regula en otras cuestiones (como la del aborto o, en su día, la del servicio militar) de manera lógica y razonable. En este caso, sin embargo, no resulta ni lógico ni razonable apelar a la objeción de conciencia, pues nos movemos en un terreno bien distinto. El matrimonio no es otra cosa que un contrato civil entre dos personas, que exige unos requisitos a los contrayentes, les concede una serie de derechos y les impone unas obligaciones. La firma de este contrato se ritualiza públicamente, pero no es más que un trámite de carácter legal, en la que un funcionario (juez, alcalde, concejal) da fe de que los contrayentes se comprometen a aceptar las reglas que lo rigen. Simplemente. En el aborto hay un conflicto moral objetivo, pero aquí no. Es como si un funcionario de correos se negase a entregar los envíos de la Conferencia Episcopal, alegando que el contenido de los mismos atenta contra su ateísmo, o de un sex shop, por considerarlos inmorales; o como si un funcionario de tráfico se negase a matricular coches deportivos, por su evidente peligrosidad en las carreteras. La ley no admite objeciones para aquellos en quienes los ciudadanos han delegado su aplicación, salvo en los casos excepcionales contemplados por la propia ley. Todo lo demás resulta un subterfugio inaceptable y doloso, más en una cuestión como ésta, en la que ni siquiera parece pretenderse negar el derecho de las parejas del mismo sexo a firmar un contrato civil con las mismas cláusulas del matrimonio, sino sólo el hecho de que sea considerado nominalmente matrimonio. En el fondo, se trata de esa repulsión ideológica a que los invertidos se le peguen a uno más de la cuenta, repulsión asentada firmemente en la moral católica.

Por eso la llamada a la desobediencia civil por parte de miembros autorizados de la Iglesia Católica no debe ser mirada como una mera anécdota de carácter folclorista, sino como una realidad que afecta de manera decisiva a la línea de flotación de la convivencia cotidiana. En su entraña está la incapacidad de la derecha española para construir una opción de valores morales laicos, al margen del dictado de la jerarquía católica, una auténtica tragedia para la vida política de nuestro país. En último término uno desearía que la Iglesia llevase la clásula de conciencia que invoca hasta sus últimas consecuencias y renunciase a la financiación que le proporciona un Estado que permite prácticas que atentan contra sus principios morales. Sería un primer paso para alcanzar la efectiva separación entre la Iglesia y el Estado, que aún tenemos pendiente.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Creo que algunos del PSOE también se apuntan a esa opción, como por ejemplo, Paco Vazquez, senador del PSOE. A ver si resulta que hay más oposición al asunto que la del "PP, sus medios afines y la Iglesia Católica"

Paolo dijo...

¿Dónde ha hecho tal declaración el señor Vázquez? Yo hasta ahora sólo le he oído decir que no está de acuerdo con la ley y que no votará a favor de ella en el Senado. A lo mejor, amigo Anonymous, es que usted no se ha enterado del contenido del post, que no trata de la oposicón (legítima) a una ley, sino de la invocación de una objeción de conciencia (ilegítima) para eludir su aplicación.

La Oruga dijo...

Vale que la doctrina católica determine que, a sus ojos, la práctica de la homosexualidad sea un pecaminosísimo pecado... pero de ahí a entrar a condicionar las leyes civiles de un estado laico respecto a los individuos que pueden contraer cierto tipo de obligaciones (por muy recíprocas que estas sean) determinadas por una ley, va un salto demasiado grande. ¿Qué le pone o quita a la ICAR la regulación de una institución civil?

Al hilo de esto, hoy aseguraba un alcalde de CiU en el telediario (¿de TVE1? no lo recuerdo bien) que muchos alcaldes, si hubieran tenido la certeza de que finalmente se iba a aprobar esta ley, no se hubieran presentado a las últimas elecciones. Y yo me pregunto, si tan grave es su crisis moral, ¿qué les impide dimitir?.

Mucho maniqueismo veo ultimamente vestido de santoral.

Gin dijo...

La hipocresía es enorme, se mire como se mire. Son muchos los católicos que venden condones en las farmacias, que comentan con ardor los divorcios y vueltas a casar de los demás, los que ofician bodas entre divorciados, etc., y a éstos nunca se les ha pedido que se nieguen a hacerlo "aun a costa de perder su empleo". Es bonito eso de jugar con los empleos (o sea con la vida) de la gente y sus familias (por si alguien no lo había apreciado, léase esto con un toque de ironía), aunque ya se sabe que en toda partida los que más caen son los peones.

lain dijo...

hola. stoy segura de ke no me conoceras. soy una studiante de superior de piano, que buscando informacion para un trabajo que tengo que hacer sobre nuper rosarum flores de dufay, de casualidad encuentro este blog. Con el mismo texto que tengo ya en parte del trabajo, ya sabia que se trataba de W.Atlas pero sonrei al ver que escribiste al final del post esa referencia :)
seguire por aqui

l.a.i.n