El hilo sutil

Escribe hoy José María Ruiz Soroa en El Correo:

Éste es un artículo que me hubiera gustado no escribir nunca, lo reconozco. Pero hay realidades que nos interpelan con toda su crudeza a quienes creemos en el Estado de Derecho, unas realidades ante las que callar es pura y simplemente hacerse cómplice de un estado de cosas inadmisible.

La realidad viene dada por esas detenciones masivas de miembros de la ilegalizada Batasuna, de los actuales componentes de su dirección y de sus sustitutos. Viene también plasmada en esos expeditivos autos de prisión para quienes han promovido o encabezado recientes manifestaciones. Medidas judiciales que están en directa contradicción con el comportamiento observado por los mismos órganos estos dos últimos años, durante el llamado proceso de paz, cuando consideraron que comportamientos idénticos de las mismas personas no constituían ilícito penal alguno. Esta contradicción flagrante es la que nos interpela: la de que unas mismas conductas puedan ser sancionadas penalmente o no según el momento en que ocurran, que lo que todavía ayer era actividad legítima de la izquierda abertzale sea hoy ilegítima actividad de un partido político proscrito. O viceversa. Porque, sencillamente, eso no puede ser en un Estado de Derecho.

Aparte del silencio y del mirar para otro lado, sólo hay una salida para esta contradicción. La de apelar al criterio de oportunidad en la aplicación de las leyes, o lo que es lo mismo, al principio de que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta las circunstancias del tiempo en que van a ser aplicadas. Se supone que este principio permitía el año pasado ignorar las actividades criminales de unas personas porque había un proceso de paz en marcha, mientras que ahora que tal proceso ha descarrillado permite encarcelarlas. ¿No les suena esto más bien a un principio de simple y pura represalia, de una justicia de amigo/enemigo? Y es que cualquier jurista sabe que el principio de oportunidad tiene muy poco, si alguno, lugar en la aplicación de las leyes penales. Que precisamente porque se trata de normas que restringen derechos individuales no cabe hacer con ellas interpretaciones sociológicas u oportunistas, sino sólo garantistas.

Preciso es reconocer, aunque nos duela a los que creemos en el Estado de Derecho, que lo que nos muestran estos comportamientos de la Audiencia Nacional es la desagradable imagen de la 'justicia del cadí', es decir, la pura y simple arbitrariedad de unas personas que deciden conforme a sus particulares criterios de oportunidad y justicia lo que debe ser tolerado o reprimido en cada momento. La arbitrariedad no es lo contrario de la justicia, como suele creerse. La decisión libre del cadí puede ser materialmente justa, puede perfectamente cumplir con el valor de la justicia y equidad. Meter en la cárcel a los miembros de Batasuna puede ser un trato equitativo para con sus méritos. Pero, y esto es lo importante, la arbitrariedad es siempre contraria al Estado de Derecho, porque éste se basa en el principio de que quienes nos gobiernan son las leyes, no los hombres (el 'rule of law' y el 'due process'). Son las leyes en su generalidad y abstracción las que deciden quiénes van a la cárcel y cuándo, a través de un proceso imparcial e igual para todos. No pueden decidirlo los criterios, por justicieros que sean, de unos jueces concretos.

Lo malo de la situación actual no es que, como dice el Gobierno vasco, se estén rompiendo puentes de interlocución con ETA. Ésa es una apreciación, de nuevo, típicamente oportunista y contextual. Según eso, si uno es 'puente de interlocución' puede delinquir a gusto, pero no si es un simple ciudadano. No, los comportamientos arbitrarios de estos últimos meses hacen algo mucho peor: rompen un hilo de confianza. Y, precisamente por ello, contaminan retroactivamente muchos de los procesos judiciales seguidos en la Audiencia Nacional. Porque si un juez puede exhibir ahora tal grado de arbitrariedad, ¿quién nos garantiza que antes no fue igual de arbitrario y justiciero? Cuando hace ya años decidió ilegalizar preventivamente un partido político, cuando durante años ha mantenido abierto el sumario convirtiéndose de hecho en una especie de permanente fielato de lo permitido/prohibido, cuando ha adoptado multitud de decisiones restrictivas de derechos, ¿quién nos dice que no actuó con unos criterios de oportunidad tan burdos y extrajurídicos como los que ahora exhibe? Romper la confianza del ciudadano en el funcionamiento regular de su Estado de Derecho tiene estas consecuencias. Porque una vez quebrado el hilo intangible con que se cose su trama, todo él empieza a desflecarse.

Estoy seguro de que el mundo abertzale entiende perfectamente esta lógica de funcionamiento: cuando había un proceso de diálogo nos premiaban, cuando lo rompemos nos castigan. Implacablemente. Pero lo entienden porque ellos creen que el poder no es sino fuerza bruta que se aplica en función de los intereses de cada uno, por mucho que se revista del ropaje jurídico. Pero los que tenemos otra concepción del poder legítimo no entendemos ya nada. O demasiado.

Y a uno no le queda más que aplaudir.

Concordato

La niña todavía no ha cumplido 4 años. Va por primera vez a la escuela, un centro público. Ha pasado dos años en guardería y su nivel de desarrollo y sociabilidad es perfectamente normal. Así que, a pesar de que, por edad es de las más pequeñas de su clase, y eso en etapa preescolar se nota mucho, se integra sin problemas en el grupo. A la semana o así de empezar el curso, el padre recibe una llamada de la profesora. Que ha comprobado que en la matrícula alguien ha marcado con una x la casilla que dice alternativa a la asignatura de Religión y Moral Católicas, y quería comprobar si no había sido un error, porque se trata del único caso de la clase. El padre le responde que no, que la casilla la marcó él y que no se trata de un error. La profesora le explica entonces que al ser un caso único el colegio no puede ofrecer una alternativa y que la única solución es que la niña pase la hora de religión en otra aula, lo cual ella piensa que no es lo mejor para una niña tan pequeña. El padre está de acuerdo en que no parece lo más adecuado y queda en acercarse al Centro para hablar con el Director.

El Director le repite más o menos lo que ya sabe, añadiendo que nunca se ha dado el caso de que a esas edades haya niños suficientes cuyos padres rechacen la religión (algunos Testigos de Jehová, pero nunca a la vez) como para plantearse organizar el Centro de otra forma. El padre le pregunta entonces, muy sorprendido, que en ese caso, por qué ofrecen la alternativa. El Director alude a obligaciones legales y a que, en el fondo, la alternativa existe: si él no quiere que su hija estudie religión se le ofrece la posibilidad de mandarla esa hora a otra clase. El padre empieza a ponerse serio y le dice que esa es una alternativa falaz, que la opción que se le ofrece es mucho peor que aceptar la que se presenta como "no obligatoria", salvo que uno sea un fundamentalista y escoja el sufrimiento de su hijo al seguimiento puro y fiel de sus convicciones, y que es inaudito que en un estado de derecho y aconfesional se pueda plantear esa disyuntiva. Dándose cuenta de que pierde el tiempo y que poco más le queda por decir y escuchar, el padre se marcha y se dirige a hablar con la profesora, quien le da por completo la razón, pero insiste en que ella piensa que es mejor que la niña se quede en clase, que ella se la llevaría a la sala de profesores y la atendería, pero que a esa hora tiene otra tarea encomendada en el Centro, y que al fin y al cabo a esas edades en la clase de religión sólo se dan valores, de forma muy amplia y general. El padre dice entonces que por qué no ponen la clase de religión a primera o a última hora y él lleva a su hija después o la recoge antes, y todos contentos. A la profesora le parece una buena solución, pero que debe plantearla al Jefe de Estudios.

El Jefe de Estudios da un respingo en la silla cuando el padre le plantea el problema. Que teme que no será posible, primero porque los horarios ya están hechos y tener en cuenta esa casuística obligaría a rehacerlo todo, con lo que el perjuicio sería mayor; y segundo, porque la hora de religión está considerada como lectiva, por lo que ningún alumno puede abandonar el centro mientras se imparte. El padre le explica que a él le parece todo eso muy bien, pero que la ley también dispone una alternativa a la religión, y la que le ofrece el Centro no es viable, por lo que en el fondo es inexistente. El Jefe de Estudios se encoge de hombros, y le dice que él no puede hacer otra cosa y que si quiere, que vaya a hablar con el Inspector de zona, pero que él piensa que será para nada, porque otros años ha habido casos parecidos (pocos, pero los ha habido) y ha sido para nada. El padre le dice que si él ya sabe que es para nada, que para qué lo manda, si para quedarse tranquilo y lavar su conciencia. Como piensa que lo del Inspector puede ir para largo, el padre vuelve a hablar con la profesora para decirle que acepta que la niña dé la clase de Religión y Moral Católicas, pero que seguirá buscando alguna alternativa aceptable para sacarla en cuanto pueda.

Contra pronóstico, el Inspector de zona lo recibe rápido. Se hace cargo del problema, pero afirma que la organización de la alternativa a la religión es un asunto interno de los centros, y habiendo sólo un niño en un aula es muy difícil ofrecer alguna solución diferente, que entiende que la niña es muy pequeña, pero que la alternativa que se le ofrece es lógica, y los niños se acostumbran pronto y no suelen tener problemas. El padre le responde que no es eso lo que dice su profesora, una experiencia de 35 años con niños pequeños, que lo sabrá mejor que nadie. Ante el planteamiento de las otras alternativas, el Inspector se convierte en una especie de muro absorbente. Imposibilidad legal. Así que los padres se aguantan y la niña recibe su ración semanal de valores y moral católicos.

Al curso siguiente la niña va a cumplir 5 años. La madre es esta vez la que habla con la profesora. La situación no ha cambiado, que a esas edades sólo dan valores y que ella ve mejor que la niña siga en clase. Y sigue.

La niña va a cumplir 6 años y ya está en 1º de Primaria. El padre se sorprendió de que en la matrícula ya no figurara la casillita con la alternativa a la Religión y Moral Católicas, pero a la semana de empezar el curso le llegó un papelito donde se le pedía que eligiera. Los padres lo hablan y deciden marcar la casillita con la "alternativa" y esperar a ver cuál es esta vez la respuesta del Centro. Lo llama la profesora (que es la misma que en Preescolar: está a punto de jubilarse y está tan feliz con ese grupo que ella ha pedido que la dejen hasta que terminen el primer ciclo de Primaria; todos contentos, porque es una maestra excelente), que lo mismo que el otro año, que la niña ya es un poco mayorcita y a lo mejor ya no le afecta tanto, pero que ella sigue pensando que en principio no es bueno sacarla de su clase, que ella hará lo posible por atenderla en el caso de que decidan eso, pero que ni siquiera es seguro que vaya siempre a la misma clase, que dependerá de cada momento. Los padres parecen resignados, que está bien, que le den su ración de doctrina semanal, pero que ellos no piensan comprarle ningún libro. La catequista lo soluciona con fotocopias, invento del demonio. A esta altura de la vida, los valores han adquirido un perfil inquietante, y la niña llega algunos días a casa con ideas un tanto raras, hasta tal punto que en una reunión de padres, algunas madres se quejan de las cosas que llegan diciendo sus hijos, no sé qué de muertos andantes, de palomas-mechero y de angelitos con espada, y muchos aseguran que el año que viene los sacan de religión. Los padres recuerdan entonces el caso de la hija de unos amigos, que necesitó hasta tratamiento psicológico para superar la fobia a dormir con la luz apagada, pues cuando ella se quedaba sola entraba en su cuarto "un hombre con alas". Así que los padres hablan a menudo con la niña y le piden que no haga caso de lo que le diga la seño de religión, que son como los cuentos que por la noche lee con su madre...

Pronto la niña tendrá 7 años. Ya ha empezado el curso, y los padres reciben otra vez el papelito con la disyuntiva. Marcan alternativa. La profesora esta vez no llama. Se sorprenden, pero es la niña la que les dice que en clase de religión la seño se la ha llevado a la sala de profesores y ha estado leyendo. ¿Algún niño más? No, sola. Valentía la de los padres, sí, señor. Pero lo importante es que parece que la niña se lo ha tomado bien. Sólo lo parece. A la segunda vez ya no le hace tanta gracia, a la tercera repite una y otra vez que ella quiere estar con sus compañeros. Los padres se lo piensan. Le explican que cuando ella lee un cuento, sabe que es un cuento, que es una fantasía, algo que no ocurre en la realidad, pero que en clase de religión lo que quieren es que ella crea que algunos cuentos, los cuentos de la religión son la realidad, y no sólo eso, sino que le piden que ella tiene que comportarse y ser como los protagonistas de esos cuentos, y que eso no está bien. No están seguros de que la niña lo entienda y esperan unos días más a ver qué dice y cómo reacciona. Eso sí, el libro de religión tiene este año su nombre, que se lo ha regalado la Junta de Andalucía. Continuará...

[Este relato está basado en hechos reales, ocurridos en un lugar de Andalucía entre los años 2004 y 2007. Los nombres han sido omitidos para garantizar la confidencialidad de los afectados]

La oferta obligatoria de Religión y Moral Católicas en los centros públicos españoles se asienta en los cinco Acuerdos (esto es, el Concordato) firmados entre España y el Vaticano el 3 de enero de 1979, o lo que es lo mismo, menos de un mes después de la aprobación en referéndum de la Constitución del 78, siete días justos después de su promulgación, por lo que es evidente que fueron negociados e incluso redactados antes de la aprobación y promulgación de la Carta Magna. El Concordato no hace otra cosa que reafirmar los ancestrales privilegios de la Iglesia Católica en España. Para que no hubiera problemas de encaje legal, se había dejado además convenientemente abierta una puerta en forma de artículo de la propia Constitución, el 16.3, de redacción premeditadamente alambicada y ambigua, pero que consagra en la práctica la hegemonía de la Iglesia Católica en el país, y unos privilegios que deberían resultar inaceptables para un Estado supuestamente aconfesional, luego laico, que es lo mismo. La catequesis en los colegios financiada con dinero público es una muestra bien visible de esos privilegios. Han pasado casi 30 años desde entonces y gobiernos presididos por Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero no han hecho nada por cambiar una coma de aquel artículo y aquellos acuerdos inaceptables para cualquier estado soberano que se precie del valor de su soberanía. ¿Para cuándo toca?

Una idea de España (II)

Hay por supuesto otras ideas de España, que sus postulantes considerarán igualmente defendibles. Justamente por eso, porque las ideas sentimentales sobre lo que es o debe ser la nación son múltiples, subjetivas y no siempre compatibles entre sí, es deseable encontrar un punto de acuerdo racional y objetivo, que sea aceptable por todos y que todos estén dispuestos a defender, y a mí no se me ocurre otro que el de la Ciudadanía, es decir el del Derecho, el de una justicia igual para todos, con obligaciones y derechos iguales para todos, claramente definidos en un documento base (la Constitución) dentro de un sistema de libre concurrencia y democracia, y a partir de aquí que cada cual defienda su propio proyecto como mejor entienda (con el límite, obvio, de las leyes).

En cualquier caso, para mí, repito, las naciones no pueden ser sólo (no son en realidad) un sistema administrativo común, es decir, no son sólo Estado (aunque se identifiquen en la práctica con él), y España, estoy convencido, es mucho más que eso, es una trama inextricable de afectos e intereses forjados en una historia de convivencia milenaria (sí, milenaria). Si la memoria no me juega una mala pasada, creo que fue Francesc Cambó quien en un momento de su trayectoria de nacionalista catalán se separó de la línea independentista de Macià al afirmar que la convivencia de siglos había creado tal madeja de relaciones entre los habitantes de España que la independencia de cualquiera de sus partes no podía sino causar un trauma de consecuencias nefastas para todos. En su interesantísimo libro sobre el nacionalismo, Alfredo Cruz Prados afirmaba que las naciones necesitan un proyecto común que las impulse. En mi opinión, ese proyecto común no sería en España otra cosa que una mirada global, española, sobre los problemas globales y locales, por encima de particularismos y localismos, es decir la tendencia contraria a la que vivimos hoy, cuando se ha instalado la idea de que la presión regional, localista es la única manera de no resultar marginado en el reparto de inversiones. Hace unos días, en una muy seguida tertulia radiofónica, un famosísimo (y para mí, penoso) periodista madrileño decía a un celebérrimo colega andaluz que él tenía que estar en el fondo muy contento porque Andalucía era la principal beneficiaria del chalaneo de la financiación autonómica. Pues bien, yo, como andaluz, no estoy contento, no estoy en absoluto contento, porque la rapiña autonómica en la que nos hemos instalado sólo causa (está causando ya) insolidaridad, desapego afectivo entre los españoles y el fomento de un clientelismo regional de paniaguados que hace de la democracia una auténtica caricatura de sí misma.

Quiero decir con todo esto que si bien la idea de España como una simple nación de ciudadanos libres debe ser la base común de nuestro proyecto colectivo, el contenido con el que eso se llene no resulta indiferente, que hay proyectos políticos que favorecen la solidaridad y la cohesión y, en ese sentido, nos benefician a todos, y proyectos que sólo alientan el egoísmo particularista y el separatismo, y que por tanto nos perjudican en la misma medida. De ahí que el nuevo partido de Savater y Díez no pueda quedarse en una simple definición de España como nación de ciudadanos, lo cual considero por supuesto básico, que espero (esperamos, me atrevería a decir) algo más. Es por eso que la famosa referencia de Savater a que "la idea de España se la suda" me parezca muy desafortunada para salir de los labios del promotor de un nuevo partido político. Y que conste que la entiendo, que estoy convencido de conocer el sentido en el que está pronunciada. De hecho, varios días después, Carlos Martínez Gorriarán daba en su blog una explicación sobre el particular que puedo compartir perfectamente y que, por su interés, transcribo:

[...] que ideas de España hay tantas como españoles (unas 44 millones, creo). Que el problema no son esas ideas –FS tendrá la suya, claro–, sino la insistencia de algunos autoerigidos guardianes de la nación en que hay una Idea de España obligatoria: pues mire, esa es otra variedad del nacionalismo obligatorio que detestamos. No estamos aquí para soportar a gente que habla en nombre de Cataluña, que te quiere meter a balazos la gran Euskal Herria o que vocifere tu presunta obligación de asumir su Idea de España. Lo que importa de la nación es que es una sociedad de ciudadanos que comparten una comunidad con muchas dimensiones, pero cuya dimensión más importante es la ciudadanía en un Estado. En un Estado de derecho, naturalmente (comparto con los liberales la idea de que lo único que justifica al Estado es su obligación de garantizar las libertades públicas e imponer la paz monopolizando estrictamente el ejercicio de la violencia). Vamos, que lo importante es la ciudadanía española, no la fantasmagórica Idea de España que parece formulada por un Hegel de zarzuela. Así pues, la única idea de España que debemos aceptar los 44 millones se llama Constitución. Fernando Savater lleva defendiendo muchos años la ciudadanía española, y explicando que ser ciudadano comporta tanto derechos y libertades personales como obligaciones y responsabilidades comunes. No conozco a nadie que haya defendido tan bien este sencillo y vital principio como Fernando Savater, ni que haya estado tan amenazado y perseguido durante tanto tiempo por hacerlo tan claramente, cuando podía haberse dedicado a sus cosas y mientras algunos de sus críticos actuales iban con dodotis. Para mí, y para cualquiera que no se crea Don Pelayo, eso es defender España.

No es muy distinto de lo que yo llevo dicho, con una sola objeción: yo sí creo que la idea (minúsculas) de España es importante, yo sí creo que es crucial que un partido político que nace lo haga llenando de contenido ese espacio inconcreto que queda pasada la primera (y necesaria) definición de carácter formalmente administrativo, y es más, creo que UPD tiene una idea de España, tiene un proyecto, cuyas líneas generales se han difundido ya. Por eso me parece aún más erróneo el comentario de Savater, que quizá no se ha dado todavía cuenta de que ya no es sólo un intelectual que conecta con los ciudadanos escribiendo libros y columnas en los periódicos, sino que es el promotor de un partido político que aspira a convertirse en un factor clave para la gobernabilidad del país. Quienes compartimos su visión de España (y yo, globalmente, la comparto) no esperábamos que nos dijera que "la idea de España se la suda", sino que hiciera una defensa de su idea de España, que sin duda tiene y que muchos, repito, compartimos. Cuando uno se mete a político tiene que cuidar mucho expresiones como éstas, fácilmente manipulables y no comprensibles para un conjunto no pequeño de ciudadanos. Lo recogía perfectamente Esteban en su Cuadrilátero de ayer.


Pues eso. Hoy se presenta formalmente en sociedad UPD. De corazón y por interés, mucha suerte.

Una idea de España

Soy español. Lo cual no es decir demasiado. Soy español porque nací en España. Otros que no han nacido en España también son españoles porque sus padres lo son (como, por ejemplo, Juan Carlos de Borbón) o porque están casados con españoles o porque residen en España y han cumplido una serie de requisitos que exigen las leyes para adquirir la nacionalidad española (como tantos futbolistas hispanoamericanos) o porque las instituciones se la han otorgado por razones especiales de mérito y vinculación con nuestro país (es el caso de Mario Vargas Llosa). Todos los españoles tenemos un documento (el DNI) donde lo dice (Nacionalidad: Española). Se trata de una simple condición administrativa, que compartimos algo más de 40 millones de personas (teniendo en cuenta que en el mundo viven hoy más de 6.000 millones no es demasiado, ciertamente). Españoles son Juan Carlos de Borbón y el futbolista del Real Madrid Julio César Baptista, Mario Vargas Llosa y Blas Piñar, Josep Carod Rovira y Arnaldo Otegui. Como ciudadanos españoles, todos estamos sujetos al ordenamiento jurídico de España, que nos impone una serie de obligaciones y nos reconoce una serie de derechos. Ser español tiene, desde el punto de vista administrativo, ventajas e inconvenientes, como ser alemán o chino. Creo, en cualquier caso, que nadie en su sano juicio discutirá que, comparando con el resto del mundo, las ventajas de ser español son muy superiores a los inconvenientes; de hecho, estoy convencido de que un elevadísimo porcentaje de esos 6.000 millones de personas que viven en nuestro planeta si pudieran optar, elegirían sin duda las ventajas de la nacionalidad española a la suya propia (y que pregunten si no a los chinos, a los sudaneses, a los guatemaltecos, a los birmanos o a los iraníes).

Pero además me siento español. Quiere esto decir que tengo vínculos afectivos especiales con las cosas que se relacionan con España y con sus ciudadanos (lo cual no significa que me gusten todas sus cosas ni que sea amigo ni siquiera que simpatice con todos sus ciudadanos, pues no hablo de afectos personales, sino de un sentimiento general de pertenencia a una comunidad, algo muy propio de los humanos, primates, luego animales sociales). Estos vínculos no son innatos, no nací sintiéndome español. Se han creado porque durante mi vida he compartido con los españoles una forma de acercarme al mundo, a través de la educación, los medios de comunicación, el idioma, los juegos, las fiestas o los artículos que llegan a las tiendas, que ha sido diferente al modo de acercarse al mundo de los franceses o los portugueses (eso está sin duda cambiando con la globalización e internet, pero yo he cumplido ya los 40, qué quiere que les diga, uno no abandona sus vínculos afectivos de hoy para mañana). Me siento español porque comparto con los españoles no sólo obligaciones y derechos administrativos, sino toda una serie de modos de vida que me hacen alegrarme con los éxitos de los españoles y entristecerme con sus fracasos o sus catástrofes de forma más intensa que por los éxitos, los fracasos y las catástrofes de otros ciudadanos del mundo. Por eso, las inundaciones provocadas por la ruptura de la presa de Tous me estremecieron mucho más que las ocurridas este año en Inglaterra, los incendios de Galicia me espantaron más que los de Grecia, los accidentes de los autobuses escolares ocurridos en España me acongojan siempre mucho más que los ocurridos en el extranjero, los atentados de ETA son para mí más terribles que los del IRA o los de Hamas y prefiero las victorias de Fernando Alonso o Rafa Nadal a las de Raikkonen o Federer.

Lo que no soy es un nacionalista español. Y esto es lo que muchos siguen sin entender. Sentirse español no significa ser nacionalista español, como sentirse catalán o almeriense o malayo no significa ser nacionalista catalán, almeriense o malayo. (Todos estos sentimientos no son además excluyentes. Uno puede sentirse catalán y español, almeriense y español e incluso malayo, almeriense, catalán y español, en distinto grado pero al tiempo.) Para que yo fuera nacionalista español tendría que pensar, por ejemplo, que ser católico y ser español es la misma cosa (como defienden todavía algunos) o que el español es la lengua propia de España y por tanto sólo son auténticos españoles aquellos que la hablan o que España es una unidad de destino en lo universal o que sólo son españoles los amantes de los toros o de las quinielas o alguna formulación similar que hiciera de la nación española una esencia inmutable y eterna, con atributos propios (lengua, cultura) de naturaleza colectiva e inexcusable. Al decir que me siento español ni siquiera estoy afirmando la existencia de la nación española (no necesito en realidad hacerlo, pues su existencia es una realidad histórica incuestionable, y yo soy siempre muy respetuoso con la realidad y con la historia), sino mi especial afinidad sentimental hacia lo español (aunque deteste los toros y no me guste el flamenco).

Estos sentimientos son por supuesto, por definición, siempre personales y subjetivos, pero creo sinceramente que son mayoritarios entre los ciudadanos que tienen la categoría administrativa de españoles. Con los que no tienen esos sentimientos no tendría que pasar en realidad nada, pues su españolidad administrativa les garantiza absolutamente todos los derechos individuales, idénticos a los del primero de los patriotas (se puede ser patriota sin ser nacionalista, sí, pero eso, si te parece, querido Ignacio, lo dejaremos para otra ocasión), y nadie les niega la posibilidad de expresar ni manifestar sus sentimientos de pertenencia a otras comunidades humanas en la manera que estimen oportuna (con la única limitación, obvia, de la ley). Es evidente que el sentimiento no puede ser hoy el vínculo fundamental que mantenga unida a una comunidad política, a una nación (en el sentido que le daba ayer, es decir, un Estado). Las naciones que me esfuerzo en defender como realmente existentes y necesarias son las naciones de ciudadanos libres e iguales ante la ley, por lo que es la Constitución, el marco que establece los derechos y las obligaciones de esos ciudadanos, el auténtico punto de encuentro, el consenso básico que garantiza la libertad y la seguridad de todos, la madre del cordero de la nación.

Sin embargo, eso no quita para que considere que los vínculos afectivos son importantes, muy importantes para la estabilidad de la nación y la felicidad de sus ciudadanos. De hecho son esos vínculos los que han atacado con saña, allí donde son fuertes, los partidos nacionalistas en 25 años de control de la educación, de los medios de comunicación públicos y de los presupuestos, contando casi siempre con la aquiescencia de los partidos nacionales, que han aceptado los hechos consumados cuando no han entrado en una especie de subasta pública a nivel regional por ver quién hacía la oferta más nacionalista, más provinciana, más pueblerina. Cuando se dice que España se rompe, lo que se está afirmando, pese a que a muchos les suene a catastrofismo, es una realidad fácilmente contrastable, que los vínculos afectivos entre los españoles se descuajaringan poco a poco, paso a paso, y que ese descuajaringamiento empieza a alcanzar rango de ley entre la indiferencia general, que los nacionalistas están teniendo éxito y que no se aprecian signos de reacción entre los partidos nacionales tradicionales.

En último término, no pasa nada por que España se rompa, dicen algunos. Sí que pasa, pasa que se rompe. Y yo no quiero que eso suceda. No quiero por razones sentimentales, que ya he explicado; y no quiero por razones prácticas, pues creo que ser una nación nos beneficia a todos. Puede que llegue un día en que los vínculos afectivos se hayan deteriorado hasta tal punto que la gente prefiera que España se divida en varias naciones. Como demócrata, no me quedará más remedio que aceptarlo y pagar la parte alícuota del precio que eso nos cueste, pero antes de que eso llegue prefiero trabajar por que no ocurra, y la forma más ilusionante de hacerlo me parece que a día de hoy es apoyar el proyecto de Unidad, Progreso y Democracia, el nuevo partido político liderado por Rosa Díez, surgido en el entorno del movimiento cívico Basta Ya y promovido por Fernando Savater, entre otros. A la espera de su definición programática en aspectos concretos, su apuesta por una nación de ciudadanos con igualdad de derechos y obligaciones en todo el territorio nacional me parece imprescindible para el futuro. Soy más partidario de los regímenes unitarios que de los federales (mi modelo en realidad no es otro que el de la jacobina y centralista república francesa), pero la forma de organización me parece asunto menor siempre que se garantice ese principio básico de igualdad ciudadana: una federación de territorios con ciudadanos iguales me parece una fórmula no ideal pero aceptable, y hasta ahí estoy dispuesto a esforzarme por el consenso: nada de confederaciones ni de federalismo asimétrico, que es la misma cosa. Esa es mi idea de España. Y esa es para mí la España que vale la pena defender.

Una idea de nación (II)

Y sin embargo las naciones existen. Son una realidad histórica que nadie en su sano juicio se atrevería a discutir. El problema parece residir entonces en encontrar criterios objetivos para delimitar qué cosa sea una nación y cuál no. Y para ello lo mejor es partir de algo elemental e incuestionable, algo que ninguna persona de espíritu racional negaría: las naciones son entidades puramente humanas, no son entes metafísicos y eternos, sino organizaciones sujetas a la constante mudanza de los asuntos propios de los hombres. Basta estudiar un poco de historia para comprobar que las naciones han cambiado (y de hecho, siguen cambiando constantemente) de forma, modelo, extensión, símbolos, estructuras y todos aquellos atributos que les son propios en función de infinidad de variables. Por cambiar, ha cambiado hasta el concepto de nación. Obviamente, el animal político de Aristóteles no tiene nada que ver con el del siglo XVIII o con el de nuestros días. Si la nación trata de caracterizar determinadas formas de asociación entre seres humanos, su propia definición ha ido cambiando en la medida en que han cambiado las formas de organización.

La confusión que provoca el despliegue diacrónico de las ideas y conceptos en la historia es el paraíso del buen teórico del nacionalismo. Ahí es donde te envuelve en sus falacias y su fofa retórica, tan falsas como infantiloides, pero capaces de hacer mella en el ánimo de personas no demasiado instruidas o poco reflexivas. Lo he repetido ya muchas veces: la falacia fundamental con la que juega el nacionalista de hoy es la confusión interesada entre dos conceptos de nación diferentes: la 'nación' cultural derivada del idealismo alemán (un engendro de nefastas consecuencias prácticas) y la 'nación' política, que parte del pensamiento ilustrado y es, en el fondo, la que domina la política mundial del último siglo. Así que definamos ya la nación en función del más extendido de sus usos en la actualidad: Nación es una comunidad política con soberanía. El nacionalista vulgaris (en esta horrorosa, por espantosamente fea y hortera, página, se nos presenta un tipo peculiar de nacionalista, Xavier Sala-i-Martin, mucho más nacionalista y esencialista de lo que él quiere hacer ver, menos original de lo que algunos pretenden, pero una desviación sin duda del nacionalista medio), el nacionalista ordinario de nuestras miserias, decía, reclama nación cultural, pero lo que en realidad quiere es la nación política. Parece en cualquier modo que el salto conceptual lo han dado ya, públicamente, de lo cual me congratulo. Es más fácil discutir cuando todos los que discuten atribuyen a las palabras los mismos significados.

Tampoco es el de soberanía un concepto eterno y metafísico, se me dirá. No, claro que no, pero conviene no tomarlo demasiado a la ligera. De hecho para millones de hombres en todo el mundo, la soberanía es algo que les pilla un poco lejos: se la quedan para sí dictadores y reyezuelos de diversa índole. El concepto de soberanía nacional (o al menos el inicio de su aplicación práctica) no tiene mucho más de dos siglos. Pero hace dos siglos, ¡ya existían las naciones! Es decir ya existían comunidades políticas perfectamente definidas. La soberanía de la nación significó simplemente la extensión del derecho a decidir sobre su propio destino de un número mayor de individuos, un número que siguió incrementándose hasta alcanzar, con la implantación de la democracia de masas en pleno siglo XX, a todos los miembros de la comunidad. Con esto, planteo simplemente que cuando nace la categoría de ciudadano, ese ciudadano no es un ente abstracto, con capacidad para asociarse libremente con los ciudadanos que desee, sino que es ciudadano de una entidad política preexistente, de una nación. La continuidad de esas entidades políticas soberanas en el tiempo, independientemente de su organización interna y de la asunción de la soberanía, es en mi opinión el mejor criterio para delimitar lo que es una nación.

Un concepto determinado por la historia. Por supuesto. Claro que es importante la historia. Las cosas podrían haber sido de otra forma, pero fueron como fueron. ¿Tienen que ser siempre así? No, desde luego. Los asuntos humanos, ya lo he dicho, cambian permanentemente, pero ¡¡la realidad existe!! Una realidad que se ha configurado históricamente hasta crear el tipo de organización política que hoy conocemos. Habida cuenta de que los individuos son hoy ciudadanos de derechos (y me refiero, obvio, a las democracias de tipo occidental), que
ostentan la soberanía de sus naciones y que por tanto pueden decidir sobre cualquier cuestión que les competa y les afecte como colectivo, siguiendo para ello las reglas democráticas de toma de decisiones, nada más útil que afirmar que, en definitiva, la nación de ciudadanos coincide absolutamente con el Estado. Que naciones son, hoy, en Occidente, los Estados soberanos. Ni más ni menos. Y que ambas cosas (nación y soberanía) pueden cambiarse, claro que sí. Los que, partiendo de su estatus de ciudadanos de una nación, quieran crear estados nuevos (luego, naciones) pueden seguir básicamente tres caminos: a) la guerra de conquista (en desuso, la verdad); b) la revolución (es lo que hace ETA); c) convencer al resto de ciudadanos que comparten con ellos soberanía de que lo mejor para todos es hacer de su nación varias (es lo que hicieron en Checoslovaquia, por ejemplo). Obviamente todas estas decisiones tienen un coste. Yo voto por no pagarlo.