El hilo sutil

Escribe hoy José María Ruiz Soroa en El Correo:

Éste es un artículo que me hubiera gustado no escribir nunca, lo reconozco. Pero hay realidades que nos interpelan con toda su crudeza a quienes creemos en el Estado de Derecho, unas realidades ante las que callar es pura y simplemente hacerse cómplice de un estado de cosas inadmisible.

La realidad viene dada por esas detenciones masivas de miembros de la ilegalizada Batasuna, de los actuales componentes de su dirección y de sus sustitutos. Viene también plasmada en esos expeditivos autos de prisión para quienes han promovido o encabezado recientes manifestaciones. Medidas judiciales que están en directa contradicción con el comportamiento observado por los mismos órganos estos dos últimos años, durante el llamado proceso de paz, cuando consideraron que comportamientos idénticos de las mismas personas no constituían ilícito penal alguno. Esta contradicción flagrante es la que nos interpela: la de que unas mismas conductas puedan ser sancionadas penalmente o no según el momento en que ocurran, que lo que todavía ayer era actividad legítima de la izquierda abertzale sea hoy ilegítima actividad de un partido político proscrito. O viceversa. Porque, sencillamente, eso no puede ser en un Estado de Derecho.

Aparte del silencio y del mirar para otro lado, sólo hay una salida para esta contradicción. La de apelar al criterio de oportunidad en la aplicación de las leyes, o lo que es lo mismo, al principio de que las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta las circunstancias del tiempo en que van a ser aplicadas. Se supone que este principio permitía el año pasado ignorar las actividades criminales de unas personas porque había un proceso de paz en marcha, mientras que ahora que tal proceso ha descarrillado permite encarcelarlas. ¿No les suena esto más bien a un principio de simple y pura represalia, de una justicia de amigo/enemigo? Y es que cualquier jurista sabe que el principio de oportunidad tiene muy poco, si alguno, lugar en la aplicación de las leyes penales. Que precisamente porque se trata de normas que restringen derechos individuales no cabe hacer con ellas interpretaciones sociológicas u oportunistas, sino sólo garantistas.

Preciso es reconocer, aunque nos duela a los que creemos en el Estado de Derecho, que lo que nos muestran estos comportamientos de la Audiencia Nacional es la desagradable imagen de la 'justicia del cadí', es decir, la pura y simple arbitrariedad de unas personas que deciden conforme a sus particulares criterios de oportunidad y justicia lo que debe ser tolerado o reprimido en cada momento. La arbitrariedad no es lo contrario de la justicia, como suele creerse. La decisión libre del cadí puede ser materialmente justa, puede perfectamente cumplir con el valor de la justicia y equidad. Meter en la cárcel a los miembros de Batasuna puede ser un trato equitativo para con sus méritos. Pero, y esto es lo importante, la arbitrariedad es siempre contraria al Estado de Derecho, porque éste se basa en el principio de que quienes nos gobiernan son las leyes, no los hombres (el 'rule of law' y el 'due process'). Son las leyes en su generalidad y abstracción las que deciden quiénes van a la cárcel y cuándo, a través de un proceso imparcial e igual para todos. No pueden decidirlo los criterios, por justicieros que sean, de unos jueces concretos.

Lo malo de la situación actual no es que, como dice el Gobierno vasco, se estén rompiendo puentes de interlocución con ETA. Ésa es una apreciación, de nuevo, típicamente oportunista y contextual. Según eso, si uno es 'puente de interlocución' puede delinquir a gusto, pero no si es un simple ciudadano. No, los comportamientos arbitrarios de estos últimos meses hacen algo mucho peor: rompen un hilo de confianza. Y, precisamente por ello, contaminan retroactivamente muchos de los procesos judiciales seguidos en la Audiencia Nacional. Porque si un juez puede exhibir ahora tal grado de arbitrariedad, ¿quién nos garantiza que antes no fue igual de arbitrario y justiciero? Cuando hace ya años decidió ilegalizar preventivamente un partido político, cuando durante años ha mantenido abierto el sumario convirtiéndose de hecho en una especie de permanente fielato de lo permitido/prohibido, cuando ha adoptado multitud de decisiones restrictivas de derechos, ¿quién nos dice que no actuó con unos criterios de oportunidad tan burdos y extrajurídicos como los que ahora exhibe? Romper la confianza del ciudadano en el funcionamiento regular de su Estado de Derecho tiene estas consecuencias. Porque una vez quebrado el hilo intangible con que se cose su trama, todo él empieza a desflecarse.

Estoy seguro de que el mundo abertzale entiende perfectamente esta lógica de funcionamiento: cuando había un proceso de diálogo nos premiaban, cuando lo rompemos nos castigan. Implacablemente. Pero lo entienden porque ellos creen que el poder no es sino fuerza bruta que se aplica en función de los intereses de cada uno, por mucho que se revista del ropaje jurídico. Pero los que tenemos otra concepción del poder legítimo no entendemos ya nada. O demasiado.

Y a uno no le queda más que aplaudir.

El silencio de los corderos

Durante muchos años esto fue un matadero. ETA asesinaba, los nogales se agitaban con el ruido de las metralletas, los nacionalistas recogían las nueces y los demás enterrábamos a los muertos de tapadillo, no fuera a ser que los terroristas se enfadaran y el próximo entierro fuera el nuestro. El terror cumplía a la perfección con sus objetivos: el amedrentamiento, el desistimiento global. Siempre hubo resistentes a esta lógica, claro está, pero todos ellos eran tratados poco menos que como chiflados ilusos. En el País Vasco, la calle ya no era de Fraga, era de los terroristas, que actuaban con una impunidad que causaba auténtico bochorno. Pero así eran las cosas y de nada servía tratar de cambiarlas (si hasta un partido democrático renunció a gobernar después de ganar legítimamente unas elecciones, cediendo el poder a los nacionalistas, porque-las-cosas-tenían-que-ser-así). Entre objetivo y objetivo cuidadosamente escogido por los comandos, las juventudes terroristas se dedicaban a mantener el chantaje en las calles, frente a lo cual la mayoría apenas se atrevía a emitir tímidos balidos de disgusto. Pero hubo un día en que un comando escogió al cordero equivocado y después escenificó su sacrificio a lo largo de 48 larguísimas horas. El rebaño se rebeló. A eso le llamamos el Espíritu de Ermua. Y fue un momento maravilloso de la historia reciente de España: el coraje cívico de unos pocos arrastró a una masa de por fin concienciados a recuperar las calles, el diccionario y la escena. Arrinconados, ETA y sus cómplices del nacionalismo pensaron que algo tenían que hacer, que tal vez pudieran aprovechar también la nueva situación y que las nueces se recogerían con mayor rapidez si pactaban entre ellos la construcción nacional, liquidando a efectos prácticos a los constitucionalistas, que supuestamente habrían de ejercer de perfectos judíos. Y hubo un tiempo en que la estrategia funcionó, hasta el punto de que llegó a engañar al Gobierno de España. Pero, tras descubrirse la farsa, la reacción del Gobierno y del principal partido de la oposición fue admirable: era el Espíritu de Ermua el que había que llevar a las leyes. Había que arrinconar a los asesinos, a los terroristas, y deslegitimar de raíz todo el discurso que justificaba y amparaba sus crímenes. Los resultados fueron espectaculares y colocaron a ETA en la más difícil encrucijada de su historia. Y de repente, un cambio en el PSOE, un brusco giro en el resultado de unas elecciones y todo el edificio se vino abajo. Mucha gente desmovilizada, otra convencida a golpe de editorial de que la estrategia que había llevado a ETA al borde de la extinción era una estrategia en realidad equivocada, que un hombre justo y bueno podía apaciguar a la bestia herida y llevar a su rebaño al reino de la Pazzzzzzz infinita. Los resultados están a la vista: el terrorismo, convertido durante años en un problema residual, del que apenas se hablaba, en el centro del debate, la sociedad dividida, el terror reactivado en las calles... Un éxito absoluto de la política, sin duda. Sin embargo, en este panorama desolador existen algunos chispazos de esperanza: están los resistentes, que son menos que hace ocho años, pero valientes, sin complejos y cargados de argumentos demoledores (soñemos con el fin de la infantiloide era neorromántica que nos aflige y la vuelta de las Luces y del sapere aude kantiano), y nos quedan aún algunos pastores, como los jueces de la Audiencia Nacional que ayer nos evitaron un nuevo bochorno, preservando la lógica, el sentido común y la dignidad de nuestras instituciones. Muchos daban ya por descontado, hasta lo dejaron por escrito, que los corderos volveríamos a callar y aceptaríamos el que las cosas fueran-como-tienen-que-ser, pero por una vez se equivocaron. Hoy los escucho y los leo lamerse de forma patética sus heridas. Algunos lobos incluso aúllan, lanzando gritos de venganza. Pero a los corderos esos gritos ya no nos asustan. Quizá aún estemos a tiempo de evitar para siempre nuestro vergonzoso y acomplejado silencio del pasado.

El bandido chantajista

Hay una frase del editorial de El País de hoy que no se me va de la cabeza. El diario independiente de la mañana prepara a la afición para la bajada de pantalones del Estado, convenientemente auspiciada e impulsada por el Gobierno vía Ministerio Fiscal, y de repente hace suyos y enlaza los dos argumentos que representan a la perfección la patética debilidad en que nuestras instituciones nos dejan a todos, cada vez un poquito más inermes. Dice el editorialista de turno: "No se trata sólo de impedir que De Juana se convierta en 'un mártir' de su causa, sino de actuar con la piedad humana que la ley permita".

Argumento 1: no los cabreéis que es peor.
Argumento 2: no disparéis aunque huyan (doctrina Bono).

La falsedad absoluta del primer argumento se demostró cuando el Estado se quitó todos los complejos y no sólo aplicó la ley a rajatabla sino que adaptó la legislación para acortar espacios a la impunidad y al crimen. Con respecto al segundo, obviamente Cándido, Pepe, José Luis y Pepiño pueden ser a título privado todo lo compasivos y piadosos que quieran con quienes ellos deseen, también con quienes los chantajean y los amenazan, pero un Estado serio, que se haga respetar y que protega a sus ciudadanos, no puede consentirlo. ¿Va a ceder (esto es, vamos a ceder) ante el desafío de un bandido? ¿Dónde se pondrá el listón la próxima vez? ¿Cederá (cederemos) siempre a partir de ahora o sólo con los favorables al "proceso de paz"?

Se me plantean además algunas dudas teóricas. De Juana está en el hospital a causa de la supuesta debilidad ocasionada por su dieta voluntaria. Es decir, no es un enfermo terminal afectado por una dolencia incurable. Se supone que para recuperarse de su situación de riesgo vital debe de ser tratado hospitalariamente (¿en otro hospital?) hasta que se recupere, pero si se recupera hemos de suponer que volverá a la cárcel (eso dicen al menos los arcángeles que defienden la piadosa bajada de pantalones de la justicia) y, muy presumiblemente, retomará el chantaje. ¿La medida consiste pues en un cambio de hospital? ¿Si no es así, el etarra se habrá salido con la suya y forzado el sentido de la ley a través de la extorsión? Puede ocurrir también que el preso no acepte ser excarcelado para su exclusivo engorde antes de ser de nuevo enchironado, ya que la causa de su protesta no es el hambre que se pasa en las cárceles españolas sino la sentencia de un tribunal que él considera injusta. ¿Hasta dónde debe de llegar la piedad del Estado en ese caso? ¿Se cederá un poquito más? ¿Será excarcelado De Juana completamente o semiexcarcelado a la fuerza? ¿Todo esto lo sabe Zapatero?

Chavales

Uno de los síntomas más evidentes de la decadencia del idioma (y con él, de la civilización que lo sustenta, una ley histórica inapelable, por más que sea difícil decidir cuál sea la causa y cuál el efecto) deriva del uso de los sinónimos. Son los sinónimos términos equivalentes, es decir, palabras que, en apariencia, significan lo mismo, pero no siempre. No hay, desde luego, mayor diferencia en decir que algo "empieza", "se inicia" o "comienza", pero no es lo mismo afirmar de alguien que es un "malvado" o un "ruin". Por más que puedan entenderse como sinónimos y pertenezcan al mismo campo semántico, hay matices muy importantes que separan la "maldad" (concepto mucho más genérico) de la "ruindad" (ligada a comportamientos más concretos). Alguien puede comportarse de forma ruin sin que su persona merezca ser juzgada necesariamente con el calificativo de "malvada". De igual forma alguien puede ser malvado de múltiples formas sin caer a la fuerza en la ruindad. Es pues el contexto lingüístico el que habría que tener en cuenta a la hora de emplear un término u otro, un contexto lingüístico que está lleno de matices, y es en el dominio de estos matices en el que descansa el uso correcto de un idioma.

Cuando recientemente alguien calificó a los violadores de bebés como "chavales", la palabra sonó como un cañonazo en mi cerebro, porque, aunque sinónimos, no es lo mismo "joven" que "chaval". "Joven" es término neutro, que nos informa, simplemente, del momento del desarrollo vital de un individuo (y aun así, hay contextos que valorar a la hora de emplear el término: por ejemplo, un gimnasta de 28 años, no es un gimnasta "joven"). "Chaval" es, en cambio, palabra coloquial, que ha llegado hasta nosotros cargada de matices positivos. Un chaval es un niño, un chico al que, por ejemplo, se da ánimos al ingresar en un entorno de personas mayores que él (así, y por no abandonar el ámbito deportivo, el futbolista de dieciocho años que llega a primera divisón es frecuentemente calificado como "chaval"). Un delincuente puede incluso llegar a ser un "chaval", con tal de que sus delitos se limiten al robo de zapatillas de marca en El Corte Inglés o del móvil que el incauto extranjero dejó descuidado sobre un velador de la calle. Pero un violador o un asesino, por joven que sea, jamás será un "chaval". Hay algo que se rebela contra el empleo de esa expresión, una especie de conciencia lingüística, más intuitiva que racional, que nos dice que con ese uso del término el idioma está siendo violentado.

Pues bien, cuando es un juez quien violenta el idioma, la cuestión pasa a ser grave. Ayer, el famoso juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, afirmaba que internar a un "chaval de 18 años, por grave que sea su delito, en una prisión es una barbaridad". Y, claro, que tengamos que oír de un juez que los que violaron, atropellaron y quemaron viva a Sandra Palo son "chavales" o que las que acuchillaron hasta matarla a Clara García en San Fernando son "chavalas" resulta cuando menos chocante. El asunto tiene un trasfondo que supera el mero correlato idiomático. Detrás está la misma filosofía que nos ha llevado hasta la nefasta Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, eficaz seguramente (no lo pongo en duda) para rateros, tironeros y camellos, pero perversa e indignante para el tratamiento de los delitos graves. Todo descansa en la idea de que alguien que tiene menos de 18 años no es responsable de sus actos o, al menos, lo es en mucha menor medida que el que ya ha cumplido los 18, una frontera tan arbitraria como ridícula, que parece ir contra la propia sociedad y contra la biología, y un síntoma de la pérdida progresiva e irreparable de uno de los referentes fundamentales de nuestra civilización, que durante siglos fue fomentado explícitamente por la educación (tanto la familiar como la vinculada a la institución escolar) y que ahora parece definitivamente herido de muerte: el de la responsabilidad. Que el PSOE se disponga ahora a dar un barniz cosmético a una ley que ha generado por sí misma problemas nuevos, y justo cuando el índice de violencia entre los menores crece de manera exponencial, es sencillamente para echarse a llorar. Que un juez, el ínclito Calatayud, se permita afirmar que la reparación de las víctimas no tiene nada que ver con la dureza de las penas que se imponga a los delincuentes, porque estas sólo están en función del objetivo último de la reinserción, sólo viene a confirmar la fractura monumental que se ha producido entre las altas magistraturas del Estado y la gente de la calle. Llegará un tiempo en que nos acordaremos de esto, cuando nuestra única defensa sea ya la del rechinar de dientes.