Chavales

Uno de los síntomas más evidentes de la decadencia del idioma (y con él, de la civilización que lo sustenta, una ley histórica inapelable, por más que sea difícil decidir cuál sea la causa y cuál el efecto) deriva del uso de los sinónimos. Son los sinónimos términos equivalentes, es decir, palabras que, en apariencia, significan lo mismo, pero no siempre. No hay, desde luego, mayor diferencia en decir que algo "empieza", "se inicia" o "comienza", pero no es lo mismo afirmar de alguien que es un "malvado" o un "ruin". Por más que puedan entenderse como sinónimos y pertenezcan al mismo campo semántico, hay matices muy importantes que separan la "maldad" (concepto mucho más genérico) de la "ruindad" (ligada a comportamientos más concretos). Alguien puede comportarse de forma ruin sin que su persona merezca ser juzgada necesariamente con el calificativo de "malvada". De igual forma alguien puede ser malvado de múltiples formas sin caer a la fuerza en la ruindad. Es pues el contexto lingüístico el que habría que tener en cuenta a la hora de emplear un término u otro, un contexto lingüístico que está lleno de matices, y es en el dominio de estos matices en el que descansa el uso correcto de un idioma.

Cuando recientemente alguien calificó a los violadores de bebés como "chavales", la palabra sonó como un cañonazo en mi cerebro, porque, aunque sinónimos, no es lo mismo "joven" que "chaval". "Joven" es término neutro, que nos informa, simplemente, del momento del desarrollo vital de un individuo (y aun así, hay contextos que valorar a la hora de emplear el término: por ejemplo, un gimnasta de 28 años, no es un gimnasta "joven"). "Chaval" es, en cambio, palabra coloquial, que ha llegado hasta nosotros cargada de matices positivos. Un chaval es un niño, un chico al que, por ejemplo, se da ánimos al ingresar en un entorno de personas mayores que él (así, y por no abandonar el ámbito deportivo, el futbolista de dieciocho años que llega a primera divisón es frecuentemente calificado como "chaval"). Un delincuente puede incluso llegar a ser un "chaval", con tal de que sus delitos se limiten al robo de zapatillas de marca en El Corte Inglés o del móvil que el incauto extranjero dejó descuidado sobre un velador de la calle. Pero un violador o un asesino, por joven que sea, jamás será un "chaval". Hay algo que se rebela contra el empleo de esa expresión, una especie de conciencia lingüística, más intuitiva que racional, que nos dice que con ese uso del término el idioma está siendo violentado.

Pues bien, cuando es un juez quien violenta el idioma, la cuestión pasa a ser grave. Ayer, el famoso juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, afirmaba que internar a un "chaval de 18 años, por grave que sea su delito, en una prisión es una barbaridad". Y, claro, que tengamos que oír de un juez que los que violaron, atropellaron y quemaron viva a Sandra Palo son "chavales" o que las que acuchillaron hasta matarla a Clara García en San Fernando son "chavalas" resulta cuando menos chocante. El asunto tiene un trasfondo que supera el mero correlato idiomático. Detrás está la misma filosofía que nos ha llevado hasta la nefasta Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, eficaz seguramente (no lo pongo en duda) para rateros, tironeros y camellos, pero perversa e indignante para el tratamiento de los delitos graves. Todo descansa en la idea de que alguien que tiene menos de 18 años no es responsable de sus actos o, al menos, lo es en mucha menor medida que el que ya ha cumplido los 18, una frontera tan arbitraria como ridícula, que parece ir contra la propia sociedad y contra la biología, y un síntoma de la pérdida progresiva e irreparable de uno de los referentes fundamentales de nuestra civilización, que durante siglos fue fomentado explícitamente por la educación (tanto la familiar como la vinculada a la institución escolar) y que ahora parece definitivamente herido de muerte: el de la responsabilidad. Que el PSOE se disponga ahora a dar un barniz cosmético a una ley que ha generado por sí misma problemas nuevos, y justo cuando el índice de violencia entre los menores crece de manera exponencial, es sencillamente para echarse a llorar. Que un juez, el ínclito Calatayud, se permita afirmar que la reparación de las víctimas no tiene nada que ver con la dureza de las penas que se imponga a los delincuentes, porque estas sólo están en función del objetivo último de la reinserción, sólo viene a confirmar la fractura monumental que se ha producido entre las altas magistraturas del Estado y la gente de la calle. Llegará un tiempo en que nos acordaremos de esto, cuando nuestra única defensa sea ya la del rechinar de dientes.

Conciencias

El espectáculo que el PP y sus medios afines están dando a cuenta de la ley recién aprobada en el Parlamento que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo resulta en verdad sorprendente y desalentador. Inducidos por los obispos y la prensa conservadora, dirigentes populares de todo rango y condición tratan de convertir el trámite legal de las bodas en un problema de conciencia, hasta el punto de que un número indeterminado de alcaldes y otros cargos públicos del partido afirman que se negarán a casar a parejas de homosexuales, ya que estas bodas van contra sus principios.

Se trata, de forma evidente, de un abuso de la clásula de conciencia, que la ley regula en otras cuestiones (como la del aborto o, en su día, la del servicio militar) de manera lógica y razonable. En este caso, sin embargo, no resulta ni lógico ni razonable apelar a la objeción de conciencia, pues nos movemos en un terreno bien distinto. El matrimonio no es otra cosa que un contrato civil entre dos personas, que exige unos requisitos a los contrayentes, les concede una serie de derechos y les impone unas obligaciones. La firma de este contrato se ritualiza públicamente, pero no es más que un trámite de carácter legal, en la que un funcionario (juez, alcalde, concejal) da fe de que los contrayentes se comprometen a aceptar las reglas que lo rigen. Simplemente. En el aborto hay un conflicto moral objetivo, pero aquí no. Es como si un funcionario de correos se negase a entregar los envíos de la Conferencia Episcopal, alegando que el contenido de los mismos atenta contra su ateísmo, o de un sex shop, por considerarlos inmorales; o como si un funcionario de tráfico se negase a matricular coches deportivos, por su evidente peligrosidad en las carreteras. La ley no admite objeciones para aquellos en quienes los ciudadanos han delegado su aplicación, salvo en los casos excepcionales contemplados por la propia ley. Todo lo demás resulta un subterfugio inaceptable y doloso, más en una cuestión como ésta, en la que ni siquiera parece pretenderse negar el derecho de las parejas del mismo sexo a firmar un contrato civil con las mismas cláusulas del matrimonio, sino sólo el hecho de que sea considerado nominalmente matrimonio. En el fondo, se trata de esa repulsión ideológica a que los invertidos se le peguen a uno más de la cuenta, repulsión asentada firmemente en la moral católica.

Por eso la llamada a la desobediencia civil por parte de miembros autorizados de la Iglesia Católica no debe ser mirada como una mera anécdota de carácter folclorista, sino como una realidad que afecta de manera decisiva a la línea de flotación de la convivencia cotidiana. En su entraña está la incapacidad de la derecha española para construir una opción de valores morales laicos, al margen del dictado de la jerarquía católica, una auténtica tragedia para la vida política de nuestro país. En último término uno desearía que la Iglesia llevase la clásula de conciencia que invoca hasta sus últimas consecuencias y renunciase a la financiación que le proporciona un Estado que permite prácticas que atentan contra sus principios morales. Sería un primer paso para alcanzar la efectiva separación entre la Iglesia y el Estado, que aún tenemos pendiente.