Dice Jesús que nuestros desacuerdos se deben a una forma distinta de interpretar la realidad. Yo siento no ser tan optimista, pero creo que no se trata de algo que tenga ver con la mera interpretación de la realidad, sino con una cuestión mucho más profunda, una cuestión de principios, que tiene que ver con la manera en que entendemos la legitimidad en el ejercicio del poder. Tengo la impresión de que muchos piensan que como la democracia es un sistema de mayorías, el poder queda automáticamente legitimado si actúa de acuerdo con una mayoría cualificada. Y no, una democracia no es eso. No es eso, porque en una democracia el juego de las mayorías y de las minorías no funciona en el vacío. En la práctica, se asienta siempre en unos principios que ningún gobernante puede romper, por muy grande que sea la mayoría que le respalde. Porque si esos principios se rompen, el poder queda automáticamente deslegitimado y, por el camino de la demagogia, la democracia deviene tiranía. De esto advirtieron hace más de 2000 años los filósofos griegos, y en los últimos años nos lo repiten machaconamente desde las páginas de los periódicos pensadores como Fernando Savater o Aurelio Arteta. Si mañana una mayoría de ciudadanos de Andorra decide que los protestantes mayores de 30 años no pueden votar en las elecciones, esa será una medida antidemocrática por muy numerosos que sean quienes la respalden. Parece claro.
¿Y cuáles son esos principios a los que me refiero? Hay uno básico. El de soberanía. Toda democracia se constituye y se asienta sobre un sujeto soberano, la nación, entendida como el conjunto de ciudadanos que, por razones históricas, forman una comunidad política y deciden dotarse de un régimen democrático a través de un sistema legislativo que parte de una declaración básica de principios, eso que se llama Constitución. Todos los poderes del régimen democrático quedan así vinculados al sujeto soberano y a las leyes constitucionales, que no pueden aplicarse en función de la conveniencia de los gobernantes sin que aquel que lo haga quede automáticamente deslegitimado, porque aquellos que ejercen el poder no lo hacen sobre el vacío, sino sobre el mandato y las reglas del juego establecidas en la Constitución. ¿Eso significa que las leyes y la Constitución no pueden cambiarse? No, en absoluto. Todos los regímenes democráticos contemplan la posibilidad de la reforma de sus constituciones, pero, por razones obvias, todas determinan que para variar aspectos que afectan directamente a la soberanía se requieren unas condiciones muy especiales y, por supuesto, la consulta directa al conjunto de ciudadanos, que son los que sustentan la soberanía. De no hacerlo así, un gobernante pasaría de ejercer el poder a detentarlo, es decir, a ocuparlo ilegítimamente, ya que se atribuiría facultades que no está autorizado a usar, y esto independientemente de las mayorías que tenga detrás. Dicho de otro modo, si en las próximas elecciones legislativas Zapatero obtuviese el 100% de los votos, eso no lo legitimaría para cambiar la Constitución saltándose los procedimientos de reforma previstos en ella.
Y aquí enlazo con la actualidad y el tema de fondo. Y lo hago para declarar que un Gobierno no puede negociar absolutamente nada con una banda de delincuentes porque no está legitimado para ello. Por muchos apoyos parlamentarios que pueda conseguir, el mandato constitucional que recibe un partido que gana unas elecciones no incluye el de saltarse las leyes, y negociar lo que sea con quien se dedica a chantajear a la comunidad política que ostenta la soberanía constituye una flagrante ruptura del espíritu de las leyes. Para acabar con el terrorismo no hay atajos. Ninguno. Ni el GAL ni la negociación. Si se acepta lo contrario, yo propongo acabar con la mafia rusa pasándole una pensión a cada uno de los capos asentados en la Costa del Sol. Los mafiosos matan por dinero; démosles dinero y habremos terminado con el problema.
Si el Gobierno no puede negociar sin deslegitimarse, ¿qué puede hacer si hay un grupo terrorista que le anuncia que quiere dejar las armas? Pues atender ese anuncio, lógicamente. No hacerlo sería desde luego una irresponsabilidad. Ya lo escribí otra vez. Si hay un tipo subido a una cornisa con la pistola con la que acaba de matar al amante de su mujer en la mano y dice que quiere entregarse, yo le mando a la policía (y a los bomberos, para que no se haga daño), pero no al alcalde ni al ministro de justicia para negociar una reducción de su previsible condena, porque ni el alcalde ni el ministro de justicia están legitimados para negociar sobre ese asunto en particular. La policía sí puede negociar, las condiciones de la entrega, y punto.
¿Es legítimo el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco? Por supuesto. Por mí puede empezar mañana. La política penitenciaria es un instrumento que el Gobierno usa para favorecer la convivencia y el mejor cumplimiento de la ley, pero dejará de ser legítimo en el momento en que se acerquen presos porque se haya negociado así con los asesinos. Y es que en todo este asunto, el cómo se hacen las cosas tienen incluso más importancia que el qué cosas se hacen. Lo dijo espléndidamente hace unos días Joseba Arregi en un artículo (¿Qué, cuándo, cómo?) que reproduje en el Pabellón. (En cualquier caso, me gustaría recordar, porque algunos parecen haberlo olvidado (¡esas hemerotecas virtuales!), que la dispersión de presos etarras no se llevó a cabo para someterlos a un mayor castigo, sino para favorecer la reinserción de aquellos condenados que querían dejar las armas y a quienes la presión del entorno se lo hacía imposible.)
¿Y por qué es tan importante el cómo? Muy simple, porque los crímenes de ETA no son crímenes comunes. Son crímenes políticos. ETA se ha dedicado a asesinar y a atentar en los últimos cuarenta años porque pretendía obtener así un rédito político. Pretendía, ni más ni menos, chantajear mediante el amedrentamiento a toda la sociedad española para conseguir su desestimiento en la aplicación de la ley, para lograr que esos principios en los que se asienta la democracia fueran quebrantados a cambio del ofrecimiento de la paz, una paz ignominiosa, indigna, ya que basada en el chantaje violento. Las víctimas de ETA lo han sido en cuanto sujetos políticos que representaban a la legitimidad de la soberanía española, y por eso reconocer a ETA un papel de interlocutor mediante una negociación es ya pagar un precio político y una traición a las víctimas, que nunca hay que olvidar que lo fueron por nada. A ETA hay que decirle que los 800 y pico de muertos murieron por nada, que pueden seguir matando otros cuarenta años y acumular otros 800 muertos y seguirán siéndolo por nada. Ese es todo el mensaje que un Gobierno que se quiere legítimo podría transmitir a la banda. Aquí estamos nosotros, con nuestra policía, nuestras cárceles, nuestras leyes y nuestros jueces, y allá ellos, y a ver hasta dónde llegan.
¿Por qué pienso que el Gobierno de Zapatero ha roto ya límites y quebrantado principios? Porque ha aceptado que se puede negociar con ETA y que está dispuesto a hacerlo, porque piensa que la ley es estirable como el chicle y da lo mismo celebrar reuniones con un grupo ilegal si total en unos meses la situación va a ser distinta (y no da lo mismo, en absoluto da lo mismo), porque está sobrepasando una a una todas las líneas que él mismo trazó solemnemente en una declaración parlamentaria en mayo de 2005, porque a cada amenaza de ETA o Batasuna responde con un gesto cómplice de distensión, porque su discurso de ayer es por completo vacío si no se le da la interpretación que ya le han dado los batasunos y el PNV y que Ignacio destripó de forma admirable e impecable en su Ventana al patio, partiendo de una declaración anterior, que viene a significar en el fondo prácticamente lo mismo. No me queda mucho que añadir a lo que dice Ignacio allí. Si el presidente afirma solemnemente que el Gobierno respetará las decisiones de los vascos según las leyes vigentes es porque ahora no lo hace. Si no, ¿qué necesidad tendría de reafirmarse en algo que no ha dejado de cumplirse desde 1976? Como puede constatarse que las decisiones de los vascos se han respetado siempre (desde el Gobierno de España; desde el nacionalismo vasco radical, nunca), que los vascos han escogido libremente a sus representantes en todas las consultas electorales democráticas (libremente desde nuestro lado, pues la libertad ha estado siempre amenazada justamente por los chantajistas de ETA y su entorno) y que las instituciones vascas sólo han estado amenazadas por el terrorismo y el nacionalismo radical, pero nunca por el Gobierno de España, entiendo que la declaración es por completo innecesaria. Salvo que la interpretación correcta sea la de Batasuna y el PNV, es decir, que el Gobierno de Zapatero esté dispuesto a saltarse la legalidad vigente y, justificándose en la mayoría, a someter a refrendo, restringido a la comunidad vasca, lo que sólo puede ser refrendado por el sujeto soberano que le da legitimidad a su poder, la nación española. Y si no es así, que me explique de qué piensa hablar con la ETA que viene anunciándose últimamente en Gara, Cuatro y la Audiencia Nacional.
